Canadá ha establecido sanciones y medidas conexas contra varios países, así como sanciones contra personas y entidades concretas identificadas como: i) responsables o cómplices de ejecuciones extrajudiciales, tortura u otras violaciones graves de los derechos humanos internacionalmente reconocidos; ii) responsables o cómplices de ordenar, controlar o dirigir de otro modo actos significativos de corrupción; o iii) asociadas con actividades terroristas, incluidos los talibanes, el EIIL (Daesh) y Al-Qaida.
Las sanciones canadienses se imponen en virtud de la Ley de las Naciones Unidas (UNA), la Ley de Medidas Económicas Especiales (SEMA) o la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos (JVCFOA). Para obtener información específica sobre el régimen de sanciones impuesto contra países o individuos, consulte los reglamentos pertinentes. Puede encontrarlos en las páginas de Reglamentos enlazadas más abajo. Encontrará más información sobre el Reglamento relativo a la Ley de Justicia para las Víctimas de Agentes Extranjeros Corruptos en la página de la Ley de Justicia para las Víctimas de Agentes Extranjeros Corruptos.
Canadá ha puesto en marcha mecanismos para impedir la ocultación y transferencia de fondos o activos utilizados para financiar el terrorismo. Estos mecanismos permiten aplicar medidas específicas a las entidades terroristas incluidas en la lista.